Intervención se atribuyó funciones que no le corresponde las cuales fueron denunciadas oportunamente.

El Dr. Gustavo Villacís, rector de la Universidad Nacional de Loja (UNL) respecto al informe de la Contraloría General del Estado señala que la responsabilidad que se le imputa es administrativa culposa, por una supuesta omisión del Rector en el control de los asuntos institucionales, relacionados con el manejo del talento humano y designación de autoridades académicas que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.

En ésta línea, destaca que la notificación presenta contradicciones, porque como rector no puede responsabilizarse por las decisiones tomadas por otros funcionarios, en este caso, por las de la  Comisión Interventora, que en el mismo informe se indica que se ha  atribuido decisiones sin potestad ni autoridad.

Añade que no hay omisión ya que “está a la vista de los ciudadanos el sinnúmero de acciones de carácter judicial que en mi calidad de rector interpuse oportunamente”. Además, subraya que en el mismo informe, y por reiteradas veces, se aclara que ningún interventor tiene competencia para remover, designar o suscribir acciones de personal”, puntualiza la primera autoridad universitaria.

Acota también que la Comisión Interventora designó autoridades desconociendo el ordenamiento jurídico ecuatoriano y eso se observó ante la propia Contraloría General del Estado y organismos jurisdiccionales. Se realizaron las denuncias, en su debido momento, ante la Fiscalía, Tribunales Constitucionales y Contencioso Administrativo. Entonces, “en ningún momento se me puede acusar de omisión ya que oportunamente denuncié ante los organismos competentes”.

Ruptura del código de ética

El rector agrega que la Contraloría rompió su código de ética al difundir una presunción de responsabilidad que aún no se ha evacuado administrativamente ni con resultado de carácter definitivo.

No hay malversación de fondos

Finalmente, la autoridad universitaria argumenta que no se trata de una responsabilidad por aprovechamiento indebido  de los recursos institucionales, ni de de una acusación por la malversación de los fondos, es simplemente una presunción en función de un examen que hace la Contraloría del Estado al proceso de intervención a partir del 22 de junio de 2015 hasta el 30 de agosto de 2016.

 

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